rey emérito Juan Carlos I

Las novedades en la demanda del rey emérito contra Miguel Ángel Revilla

Le reclama al político cántabro la rectificación de manera pública y una indemnización de 50.000 euros

Ana Más

El pasado martes, Guadalupe Sánchez, la abogada del rey emérito, hacía pública la intención de Juan Carlos I de emprender acciones legales por ‘el derecho al honor’ contra Miguel Ángel Revilla, por las diferentes ocasiones en las que, según él, este le ha difamado en televisión.

Se trata de un hecho sin precedentes, ya que nunca antes en nuestro país un rey había interpuesto, a título personal, una demanda contra un ciudadano. Sin embargo, el padre del rey Felipe VI ya parece haber hecho efectiva su demanda contra Revilla, que está registrada en el juzgado de Santander.

Aunque de momento se trata de una ‘demanda de conciliación’, según ha explicado en D Corazón Javier Chicote, jefe de investigación del diario ABC, que le explicaba a Anne Igartiburu que, de momento «no hay instrucción ni investigación. Si en la conciliación Revilla no rectifica, irán a juicio, aunque no significa que tengan que declarar, dependerá de lo que pidan las partes o diga el juez».

El rey emérito le pide a Revilla que rectifique

Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla
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Y es que el rey emérito confiaba en que el político rectificara, pero este no lo ha hecho y prepara ya su defensa junto a José María Fuster-Fabra, su abogado. Lo que sí ha hecho Revilla es referirse en varios medios al profundo dolor que siente su familia por lo ocurrido.

Ahora tiene que admitirse la demanda a trámite y, una vez que esto ocurra, se fijará una fecha para celebrar el acto de conciliación del que hablaba el comunicado de Guadalupe Sánchez. Aunque la presencia de ninguno de los dos es obligada, pero sí la de sus abogados.

Si alguna de las partes decide no comparecer, el letrado de la Administración de Justicia determinará que «no ha habido esa avenencia en una acta», el paso previo al juicio. El rey emérito reclama a Revilla la rectificación de manera pública y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados, que serán donados a Cáritas.