Shakira

Shakira publica una carta en la que habla abiertamente, por primera vez, de sus problemas con Hacienda

La artista fue sancionada por la Agencia Tributaria española a pagar 7,8 millones de euros

Lola Rabal

En noviembre de 2023, Shakira alcanzó un entendimiento con la Agencia Tributaria española en el que accedió a pagar una sanción de 7,8 millones de euros por un supuesto fraude fiscal que ascendía a 14,5 millones de euros, presuntamente cometido entre 2012 y 2014. Con este acuerdo, la célebre artista colombiana evitó enfrentar una condena más severa. Casi un año después de sellar este acuerdo, Shakira ha decidido compartir sus reflexiones sobre el proceso judicial y las razones que la impulsaron a llegar a un acuerdo con la Fiscalía. En una carta titulada ‘Contarla para vivir’, publicada a través del diario ‘El Mundo’, la cantante no solo narra su experiencia, sino que también lanza fuertes críticas a la Agencia Tributaria y a sus integrantes.

«En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático… era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar. Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones. Pues bien, creo que ha llegado el momento de darlas», relata Shakira en el comienzo de su carta.

La artista prosigue explicando cómo, en su opinión, la Agencia Tributaria «confundió y manipuló» dos conceptos que considera completamente distintos: «Una era el deseo de establecerse en un país y otra, muy distinta, el deseo de que prosperara una relación que se desarrollaba en ese país». Según Shakira, la Agencia tergiversó esta diferencia para declararla residente fiscal desde 2011, creando así obligaciones fiscales que, según ella, no deberían existir.

Shakira: «Si el cantante hubiera sido un hombre…»

«Una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene, pero todo el mundo sabe que el romance se vende bien», argumenta Shakira, aludiendo a la cobertura mediática y al impacto que tuvo su relación con el futbolista Gerard Piqué. La cantante sostiene que sus visitas a España en 2011 tenían como único objetivo permitir que su relación prosperara, y no por un supuesto «deseo de permanencia» en el país, como se ha alegado en su contra. Según ella, esta estrategia de la acusación está impregnada de un «prejuicio machista».

«Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo. Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene», añade la artista.

Shakira también menciona cómo algunos técnicos de la Agencia Tributaria española construyeron lo que describe como «un relato infantil y moralista» donde ella era retratada como una cantante que trataba de eludir sus responsabilidades fiscales, mientras que ellos se presentaban como los defensores de la justicia. La realidad, asegura Shakira, es muy distinta: «Yo cumplí siempre con mis obligaciones». La cantante acusa a la Agencia de «no buscar castigar a quien incumple, sino de exhibir trofeos de caza para restaurar una credibilidad en entredicho».

En su carta, Shakira también aborda la difícil decisión de llegar a un acuerdo con Hacienda, indicando que lo hizo pensando en el bienestar de sus hijos: «Necesito que mis hijos sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpabilidad». A pesar de todo, la cantante reafirma su afecto por España y por las personas que allí conoció, aunque admite que su visión del país ha cambiado.

El caso de Shakira ha reabierto el debate sobre las complejas relaciones entre las celebridades y las instituciones fiscales, destacando también el impacto que la presión mediática puede tener en los procesos judiciales y en la vida personal de quienes están bajo el escrutinio público.

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