Si estás pensando en instalar una mirilla electrónica en tu casa, es importante que sepas que si no cumples con lo que dice la ley al respecto, pueden sancionarte. Es lo que le ha ocurrido a un vecino de una comunidad de propietarios al que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con una multa de 300 euros después de que un vecino le denunciara por la instalación de una mirilla electrónica en su domicilio, después de que otro vecino le denunciara ya que» la cámara apuntaba al descansillo y grababa lo que pasaba en un espacio comunitario», explican desde El Heraldo.
Y es que hay legislación en este sentido, El artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personalesy garantía de los derechos digitales dice: «las cámaras instaladas no pueden obtener imágenes de espacio privativo de tercero y/o espacio público sin causa justificada debidamente acreditada, ni pueden afectar a la intimidad de transeúntes que transiten libremente por la zona».
En el caso al que nos referimos la mirilla podía grabar el área del portal y la entrada a la casa del vecino que no tenía constancia de la existencia de dicha cámara, que al enfocar su casa, vulneraba su privacidad, ya que ni él ni la comunidad de propietarios habían dado su consentimiento para su instalación.
Esto dice la Ley de propiedad horizontal sobre instalar una mirilla
Caucasian hand opens a hotel peep hole on the door to look outside. Concept for security
Y es que la Ley de Propiedad Horizontal recoge que para poder instalar una cámara de este tipo, al menos el sesenta por ciento de los propietarios tienen que dar su consentimiento.
En este caso concreto, «se envió un burofax al vecino instándole a retirar la mirilla, aunque la comunidad no obtuvo respuesta«, explican desde huffingtonpost.es. Desde donde añaden que al no haber respuesta, la Administración le envío varios correos a los que tampoco respondió, iniciándose entonces el procedimiento sancionador contra el vecino, que terminó con la multa que se le impuso por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que «consideró que las cámaras habían capturado imágenes personales y sujetas a regulaciones de privacidad, y se concluyó que no se había producido ningún consentimiento previo u obligación legal que respaldara su instalación», explican.
