Además, la regulación ha fijado dos plazos para reducir las emisiones de los vehículos particulares:
De esta forma, se brinda a la industria una margen de maniobra lo suficientemente espaciado como para adaptarse a la nueva legislación. A su vez, para el año 2025, la Comisión Europea se encargará de evaluar y anunciar los datos de emisiones de CO2 durante el ciclo de vida de los mismos expedidos por UE y así, asegurarse de que lograrán las premisas para 2030.
De hecho, la institución europea elaborará cada dos años un informe que refleje el progreso que llevan los Veintisiete para llegar al tan ansiado objetivo de la movilidad de los automóviles con bajas emisiones.
El organismo prevé suministrar una serie de incentivos a los fabricantes que produzcan vehículos de emisión cero (eléctricos o híbridos enchufables) según los baremos de venta de los mismos. Además, durante esta etapa, y en función de los ingresos, podrán fabricar con estos incentivos hasta 25% de vehículos y un 27% de furgonetas de baja emisión. Estas ayudas desaparecerán a partir de 2030.
Por lo que esta legislación que entrará en vigor definitivamente en el mes de marzo obliga a los fabricantes de coches a recortar las emisiones del CO2 en los automóviles nuevos, lo cual imposibilitará vender coches con motores diésel y gasolina en el conjunto de los Veintisiete.
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