La semana pasada se celebraron en Barcelona las jornadas Time Use Week, allí precisamente se expuso que la pobreza de tiempo afecta en España al 21 por ciento de las personas pero se ceba con las mujeres con hijos, que duplican prácticamente la tasa con un 35 por ciento. Y es que según Marta Junque, coordinadora de la Barcelona Time Use Iniciative for a Healty Society (BTUI), no tener dos horas libres al día o lo que es lo mismo la pobreza de tiempo es una realidad en nuestro páis.
El Ministerio de trabajo con Yolanda Díaz al frente ha anunciado su intención de aprobar una ley de usos del tiempo. Algo que da respuesta a esta situación que Junque resume tal y como recoge eldiario.es con una frase más que habitual, «No tengo tiempo” y el tiempo, sostiene Junque, es una cuestión política y un derecho de toda la ciudadanía”.
El mismo diario explica que «la prometida ley se centrará en regular los tiempos del trabajo, pero no es (solo) una norma laboral, desgranan los expertos. El trabajo es el elemento central en el día a día de las personas y regularlo, explica Junque, redundará en toda clase de beneficios: más descanso, más conciliación, más salud, más igualdad, más sostenibilidad o incluso una mayor productividad.»
Una nueva ley que evite esta «pobreza de tiempo»
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La Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society, está colaborando con el Ministerio de Trabajo en el diseño de la ley, y desde estas jornadas han hablado hablan precisamene de cuales serían los beneficios que traería consigo esta regulación de los usos del tiempo.
Raquel Serrano, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Barcelona señala en el mismo medio entre sus beneficios que “Asegura el derecho al tiempo para una vida más vivible y equilibrada, que mejore el malestar horario actual de la mayoría de la ciudadanía y genere una mejor calidad de vida y felicidad”.
Además, Serrano habla de otros beneficios como ser un “elemento clave para la productividad empresarial y retener el talento”, contribuir al ahorro energético, » dando respuesta a la emergencia climática y energética”, facilitar la conciliación y la corresponsabilidad, mejorar la salud física y emocional y el sueño, fortalecer la democracia y la participación y ser la base de «nuevas políticas públicas y nuevos derechos laborales y sociales».
No actuar tendrá un precio, advierten los expertos, ya que el actual ritmo de vida genera, “problemas de seguridad y salud laboral, incrementa los riesgos físicos y psicosociales, causa estrés y genera una peor percepción de la salud mental mental propia”.
