La Universidad de Barcelona con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso han presentado “Alimentando un futuro sostenible”, un estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles antes y durante la COVID-19
Es el primer estudio representativo sobre los niveles de inseguridad alimentaria en España realizado utilizando la escala FIES de Naciones Unidas. Y constata que:
- 2,5 millones de hogares españoles no pueden acceder de forma regular a alimentos suficientes en calidad y cantidad
- Un 13,3% de los hogares españoles no pueden acceder de forma regular a alimentos suficientes en términos de calidad y cantidad que aseguren su crecimiento y desarrollo normal, es decir, experimentan inseguridad alimentaria, lo que afecta a casi 6.235.900 personas en todo el país.
- La inseguridad alimentaria es un problema estructural que no se debe a crisis coyunturales: antes de la pandemia el 11.9% de hogares españoles ya sufría esta condición.
- Desde que empezó la pandemia, el doble de hogares ha tenido que reducir su ingesta de alimentos, duplicándose la inseguridad alimentaria grave.
La Universidad de Barcelona (UB) y la Fundación Daniel y Nina Carasso (FDNC) presentan el informe “Alimentando un futuro sostenible”, que mide por primera vez en España los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares españoles antes y durante la COVID-19. El estudio revela el problema de la inseguridad alimentaria en España, la falta de acceso a una alimentación sana y sostenible y la necesidad de promover medidas y políticas centradas en las personas y su dignidad para construir una sociedad más justa y asegurar un planeta vivible para las generaciones futuras.
“Todas las personas tenemos derecho a una alimentación sostenible, que nos permita disfrutar de una vida sana y digna. Este estudio nos ayuda a entender que millones de personas en España no pueden acceder a alimentos adecuados de forma rutinaria, con graves consecuencias para su bienestar y el conjunto de la sociedad”, afirma la Dra. Ana Moragues-Faus, investigadora de la Universidad de Barcelona y autora principal del estudio, quien resalta que “una realidad ilustrada de forma recurrente sobre el tema, son las “colas del hambre», cuya magnitud real no conocemos”.
Este estudio basa sus datos en una encuesta representativa realizada a 1.350 hogares españoles, utilizando la escala FIES (Experiencia de inseguridad alimentaria) propuesta por las Naciones Unidas e internacionalmente reconocida, para medir el estado de la inseguridad alimentaria, es decir, el número de personas que carece de un acceso regular a la cantidad necesaria de alimentos inocuos y nutritivos capaces de asegurar su crecimiento y desarrollo normal.
Además de dicha escala y para alcanzar una mayor exactitud en los resultados, se han tenido en cuenta otros datos relevantes como son el nivel de ingresos en el hogar, la precariedad laboral, la recepción de ayudas o el estado de salud de sus miembros.
El origen de este estudio parte de que el acceso a una alimentación sostenible es un derecho y una necesidad para el desarrollo pleno de todas las personas. Se trata de un objetivo que nos une como sociedad y que queda recogido explícitamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2, “Hambre Cero”). Sin embargo, el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19 ha puesto sobre la mesa la dificultad de millones de personas para acceder a la alimentación en España, tal como demuestran los datos que recoge esta investigación.
Para la Dra. Claudia Rocío Magaña-González, investigadora de la Universidad de Barcelona y coautora, este estudio “ha permitido medir que la inseguridad alimentaria es un problema actual y estructural, no solo coyuntural o que afecta únicamente a ciertas personas, lo que puede agudizarse si no se ponen en marcha acciones políticas y sociales conjuntas”.
La inseguridad alimentaria en España: un problema estructural
El informe, pionero en España, analiza y presenta los datos obtenidos mediante una encuesta telefónica realizada a 1.350 hogares de todas las comunidades autónomas, que pregunta sobre la experiencia de inseguridad alimentaria antes de la COVID (de marzo de 2019 a marzo de 2020) y durante la pandemia (de julio de 2020 a julio de 2021).
Entre otros datos que arroja, cabe destacar los siguientes:
- Un 13,3% de los hogares españoles experimentan inseguridad alimentaria, lo que afecta a unos 2,5 millones de hogares y a casi 6.235.900 personas en todo el país. Esta cifra equivaldría a que toda la población de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares juntas vivan de alguna forma esta problemática.
- Con la COVID-19, el número de hogares que experimentan inseguridad alimentaria ha pasado del 11.9% al 13.3%, lo que suma a un total de 656.418 personas más, dato que, a su vez, demuestra que el problema es estructural y no producto de una determinada coyuntura.
- Casi un millón de hogares (975.249), con un total de 2.438.124 personas, ha tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos, es decir, sufre inseguridad alimentaria grave.
En España, la inseguridad alimentaria grave se ha duplicado desde que empezó la pandemia de la COVID-19.
Los resultados de este trabajo evidencian que en España no se garantiza el derecho a la alimentación adecuada y que el país se encuentra lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre cero.
Inseguridad alimentaria, salud y niveles socio-económicos
Otra constatación que se deriva de este estudio es que, en términos generales, los indicadores de inseguridad alimentaria se manifiestan de forma más acusada en los hogares con un nivel socioeconómico más bajo y/o aquellos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes. En esta línea, la investigación establece una relación clara entre la incidencia de inseguridad alimentaria y los casos donde todos o algunos de los miembros del hogar se encuentran en condiciones laborales precarias.
Asimismo, el análisis de los resultados pone de manifiesto que la inseguridad alimentaria también tiene como consecuencia el exceso de peso, una enfermedad crónica o alguna discapacidad en alguno de los miembros de la familia. En la encuesta también se pregunta si los hogares disponen de equipamiento para almacenar y cocinar alimentos frescos, de lo cual se desprende que más del 18% de los hogares carece de este tipo de infraestructura.
Prestaciones y ayudas públicas y privadas, un elemento esencial para facilitar el acceso a la alimentación
El informe presenta también resultados en relación con el tipo de apoyo que reciben los hogares para contrarrestar la experiencia de inseguridad alimentaria, recursos que se materializan en una serie de prestaciones y ayudas. Así, en el tema monetario, un 57% de hogares las reciben de la Administración Pública y un 13% de familiares, amigos o vecinos. Los apoyos en forma de alimentos o para acceder a los mismos, que llegan a un 22% de hogares españoles, provienen principalmente de familiares, bancos de alimentos, amigos o vecinos, así como de iniciativas de autoconsumo. En los hogares que sufren algún tipo de inseguridad alimentaria, además del apoyo por parte de las administraciones, las familias juegan un rol esencial ya que más del 36% de estos hogares recibe ayuda monetaria de familiares y más del 33% lo hace en forma de alimentos o expresamente para acceder a los mismos. Por último, los resultados del estudio arrojan que un 4% de hogares declara no sufrir inseguridad alimentaria y recibe alimentos o ayuda para comprarlos (alrededor de 1.9 millones de personas).
La relación entre una alimentación sostenible y un planeta sostenible
El estudio pone de relieve la importancia de acceder no solo a una cantidad suficiente de calorías y nutrientes, sino que alimentarse de forma sostenible implica el disfrute en vidas sanas y dignas, y también es una herramienta para atajar los retos ecológicos actuales y generar prosperidad, salud y justicia social. “Las diferentes crisis (económicas y sanitaria) han afectado a la capacidad adquisitiva de las familias que no pueden acceder a la variedad alimentaria, produciendo cambios en los comportamientos alimentarios individuales, familiares y sociales y a las formas de producción, distribución, obtención, preparación y consumo de alimentos en todos los eslabones del sistema alimentario global”, enfatiza la Dra. Magaña-González, quien expresa que, especialmente, “han afectado a la experiencia misma de llevar una vida digna”.
El informe señala cómo la inseguridad alimentaria es un problema estructural que necesita un abordaje integral, a través de acciones políticas y sociales que pongan la mirada en conseguir una alimentación sostenible, es decir, producir, transformar, distribuir, adquirir y consumir alimentos de forma que beneficie a las personas, al planeta y a los territorios.
A la vista de los resultados obtenidos con este trabajo, se plantea la urgencia de incluir la medición de los niveles de inseguridad alimentaria en estadísticas de alcance nacional, que permitan monitorear el estado del derecho a la alimentación sostenible, lo que se garantiza promoviendo soluciones centradas en las personas y su dignidad. “La medición, el conocer estos datos, evidencia aún más una realidad existente”, señala Isabelle Le Galo, directora para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, quien añade que “ahora es nuestro turno: el de las instituciones, la sociedad civil, las empresas y el tercer sector”.
