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Si tienes un iPhone 6, 6S, 6 Plus y 6S Plus la OCU solicita a Apple que te indemnice hasta con 189 euros

Miles de usuarios se vieron obligados a cambiar la batería de su iPhone o a cambiar directamente de móvil después de que presuntamente Apple modificara el rendimiento de algunos de sus iPhones, un acto de lo que se denomina obsolescencia programada.

La argumentación esgrimida por Apple es evitar que los móviles se sobrecarguen y se apaguen. Por ello ha lanzado actualizaciones de su sistema operativo para modelos antiguos como el 6 y el 7.

La última actualización para mejorar el software de los iPhone 6, 6S, 6 Plus y 6S Plus provocó que los teléfonos se ralentizaran y perdieran rendimiento e, incluso, se apagaran inesperadamente, condicionando a los usuarios a renovar sus móviles, causándoles -en opinión de la OCU- un perjuicio económico.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)  ha presentado una demanda colectiva contra la empresa en la que exige una compensación de entre 99 y 189 euros por teléfono. Una demanda a la que se han sumado otras asociaciones europeas.

Desde la OCU y Euroconsumers han calificado las prácticas comerciales cómo: «Injustas, engañosas y agresivas del fabricante».

 

Apple se defiende

 

«Nunca hemos hecho, y nunca haríamos, nada para acortar intencionadamente la vida útil de ningún producto de Apple o degradar la experiencia del usuario para impulsar las compras de nuevos modelos por parte de los clientes. Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos que a nuestros clientes les encanten, y hacer que los iPhone duren el mayor tiempo posible es una parte importante del mismo», señalaron al diario  ABC fuentes de la multinacional estadounidense.

 

Este hecho ya tiene un precedente en Estados Unidos e Italia, dónde la tecnológica tuvo que pagar casi 500 y 20 millones de euros respectivamente.

Aunque en España, la obsolescencia programada no se considera infracción, desde OCU tienen claro que Apple ha actuado de forma ilegal ocultando información a los usuarios, además de haber realizado prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas  y por ello  piden para los usuarios una compensación de entre 99 y 189 euros por el perjuicio causado por el cambio de móvil o batería al que se vieron obligados además de por los daños morales por la pérdida de rendimiento de su dispositivo.