El anuncio del 90% de efectividad de la vacuna Pfizer, al que se le suma estos días el de Moderna con un porcentaje aún mayor (del 95%) ha hecho que muchos cambien su manera de afrontar la pandemia, pues parece que se puede vislumbrar a corto plazo la llegada de las vacunas.
No obstante, algunos expertos han comenzado a plantear la aplicación de las mismas en cada país. Una de las dudas más frecuentes responde a si estas deberían ser obligatorias o no, pues algunos ciudadanos se muestran reticentes ante la idea de vacunarse, pero por otro lado es necesario hacerlo con una parte importante de la población para lograr frenar la pandemia.
Ante la idea de que la vacunación sea obligada, unos se acogen al Derecho para demostrar que puede ser una opción completamente viable, mientras que otros aseguran que no se puede obligar a los ciudadanos a que introduzcan en su cuerpo un tratamiento sin su consentimiento.
Ya ocurrió con otras infecciones altamente contagiosas como la difteria y la viruela, que en la adquisición de sus vacunas se incluía la posibilidad de decretar la obligatoriedad de las mismas «cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento o previsible se juzgue conveniente«.
Algunos ponen este hecho como ejemplo para explicar que, de necesitar acabar con la expansión del coronavirus, acudir a estos casos allanaría mucho el camino de lo legal.
Pero, ¿cómo defender esta decisión legalmente? El profesor y jurista José Enrique Pérez Palaci lo explica en unas palabras recogidas por ABC, y es que las vacunas buscan garantizar el derecho a la vida y la protección de la salud, y el artículo 15 del título primero de la Constitución Española hace referencia justo a este aspecto, el del derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas.
Además, en el artículo 43 se establece que organizar y tutelar la salud pública es una tarea que compete a los poderes públicos a través de medidas preventivas y prestaciones de servicios necesarios.
Los médicos, no obstante, no se han mostrado muy a favor de que la vacuna del coronavirus sea obligatoria. Algunos creen que eso no hará más que hacer crecer la negativa de los ciudadanos a vacunarse, obteniendo así el efecto contrario al deseado.
La mayoría opta por una comunicación adecuada y detallada en la que se haga ver a la población la necesidad de ponerse la vacuna y acabar con las terribles consecuencias a las que nos enfrentaríamos si el virus sigue expandiéndose.
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