El anteproyecto de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados ha sido aprobado hace unas horas por el Consejo de Ministros. En él se recogen las nuevas medidas que desde el gobierno se van a impulsar para entre otras cosas impulsar la economía circular, mejorar el reciclaje o reducir el uso de plásticos.
De este modo, objetos cotidianos como las pajitas, los bastoncillos o los cubiertos de un solo uso desaparecerán de nuestras vidas para mejorar el medio ambiente. Por otro lado, el Ejecutivo también dará salida a otra medida que obligará a los bares a ofrecer agua del grifo gratuitamente.
Los objetivos de esta nueva Ley de Residuos tienen un horizonte de acción a 10 años vista, contemplando 2o30 como línea de meta. Para entonces, se prevé una reducción del 30% en el consumo de materiales y un 15% en la generación de residuos respecto a 2010, ayudando así a combatir las emisiones de efecto invernadero.
Una de las decisiones que más llama la atención en el documento es la supresión progresiva que van a sufrir muchos objetos cotidianos de las últimas décadas.
En el caso de los vasos y los recipientes de un solo uso, se calcula que en el año 2026 se haya conseguido una reducción del 50% en su comercialización, subiendo al 70% en 2030. Además, en 2023 ya no se podrán dar gratis y tendrán un precio, incentivando así las alternativas reutilizables.
Para pajitas, platos, cubiertos y bastoncillos de un solo uso, la fecha es más cercana y la medida más contundente. A partir del 1 de julio de 2021, se prohibirá la venta de estos productos.
Sin duda una de las medidas más revolucionarias de este anteproyecto es la obligatoriedad de los negocios hosteleros a ofrecer agua del grifo gratuita a sus clientes.
En relación a esto, también se ha preparado un plan que otorgará a las Administraciones públicas la posibilidad de instalar fuentes de agua potable por las calles, afín de evitar el uso de botellas de plástico.
Por otra parte, el reciclaje sigue siendo uno de los ejes vitales del gobierno para la próxima década, buscando mejorar los porcentajes ciudadanos con un calendario fijo de recogida, incluyendo biorresiduos, textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos.
En última instancia, el gobierno también recalca las posibles sanciones que podrían recibir las empresas que violen alguna de estas nuevas normativas, en un abanico que parte desde los 50000 euros hasta los 2 millones.
¡Con la salud y el medio ambiente no se juega!
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