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Según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), la mayoría de comunidades de propietarios no cumplen las condiciones de seguridad decretadas por el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo la apertura de sus piscinas.

Sin duda una noticia que supone un jarro de agua fría para muchas personas que estaban deseando este momento del año tras dos meses de confinamiento.

Además, los administradores han querido señalar todas las medidas ordenadas por el Ejecutivo que a su parecer muchas fincas no podrían cumplir en estos momentos.

Dichas medidas pertenecen a la Orden SND/414/2020 sobre regulación de piscinas privadas en Fase 2 de desescalada. A continuación, los porqués de la no apertura.

Aforo máximo incontrolable

Según Sanidad, el aforo máximo permitido sería del 30%. Pero claro, a día de hoy, casi ninguna comunidad de vecinos dispone de un sistema para controlar aforo ni personal para realizar dicha tarea.

El único trabajador presente es el socorrista y sus competencias se limitan a lo que ocurre en el vaso de la piscina.

Distancia de seguridad poco rentable

La nueva normativa establece una distancia de seguridad de dos metros entre cada propietario, lo que a efectos prácticos tiene dos grandes inconvenientes:

• Que no hay personal ni sistemas para controlar adecuadamente la distancia en todo momento.
• En muchas comunidades, dicha distancia daría como resultado un aforo tan bajo que a la larga, provocaría pérdidas en proporción a los costes del servicio.

Citas previas y turnos no consensuados

Además de todo lo anterior, todos los usuarios que quieran acceder a la piscina deberán pedir cita previa, a través de un sistema o teléfono inexistentes a día de hoy.

Respecto a los turnos para hacer uso de la piscina, los cuales ya generarían controversia de por sí, los administradores aseguran que se deberían regular a través de una Junta General de Propietarios.

Sin embargo, actualmente siguen sin estar autorizadas por riesgo sanitario.

Solución: juntas virtuales

Para intentar buscar alternativas a toda esta problemática, la CGCAFE ya le ha hecho saber al gobierno cuál sería su solución provisional: realizar juntas virtuales.

A través de ellas, se tomarían la mayoría de decisiones que conciernen todos los asuntos anteriormente comentados.